Sociedad

Informe: Rol del Poder Judicial en el conocimiento de las acciones judiciales relacionadas al Estallido Social

Mayo 04, 2020

Así se titula el estudio publicado el pasado 30 de abril, por el cual la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (DECS), dependiente del máximo tribunal de justicia, analizó a través de información registrada en los sistemas informáticos de tramitación de causas, la judicialización de casos en el contexto de dicho período, a fin de describir estadísticamente el rol del Poder Judicial.

Informe: Rol del Poder Judicial en el conocimiento de las acciones judiciales relacionadas al Estallido Social

Como es de público conocimiento, en octubre de 2019 se produjeron en Chile una serie de manifestaciones que con el paso de los días fueron masificándose cada vez más, dando lugar a lo que se ha denominado como estallido social.

 

Si bien las manifestaciones públicas se hicieron en el contexto de diversas demandas sociales, por otro lado, se dieron múltiples situaciones de enfrentamientos, saqueos, ataques e incendios a la red de Metro de Santiago, edificios comerciales y supermercados, llevando al Gobierno de Sebastián Piñera a decretar estado de excepción constitucional de emergencia en la capital, lo cual posteriormente se extendió a la mayoría de las regiones del país. De esta manera, la libertad personal y la seguridad individual, derechos reconocidos en nuestra Constitución Política y protegidos judicialmente por diversas acciones, fueron el centro de atención.

 

Con el objeto de revelar el rol del Poder Judicial en el conocimiento de estas acciones judiciales, se utilizaron como fuente de información los datos disponibles en los sistemas informáticos de tramitación de causas del Poder Judicial. Así, el estudio busca describir de una manera estadística el comportamiento de este Poder en el ejercicio de sus facultades de conocer, juzgar y ejecutar los conflictos jurídicos, en el marco de las acciones judiciales puestas bajo su conocimiento a propósito del estallido social.

 

Para ello, el estudio acotó, para efectos metodológicos, el período de análisis comprendiendo los días transcurridos entre el 18 de octubre de 2019 - fecha en la cual el Gobierno decretó el Estado de excepción constitucional de emergencia en algunas provincias de la Región Metropolitana - y el 17 de enero de 2020. En ese sentido, se utilizaron como unidad de análisis las causas ingresadas en Juzgados de Garantía y los Amparos Constitucionales ingresados en Cortes de Apelaciones durante ese período.

 

Entre sus resultados, es posible destacar que de los 88.997 imputados que pasaron a audiencia de control de detención en ese tiempo, se declararon ilegales las detenciones del 1,95% de ellos, lo cual representa un 2,2% del total nacional, muy por sobre el 1,2% de detenciones declaradas ilegales el año anterior entre el 18 de octubre de 2018 y el 17 de enero de 2019, y el 0,9% de controles de detención que se declararon - en promedio - ilegales en todo el período 2010-2018. 

 

Así, se imputaron un total de 76.726 delitos, siendo los más frecuentes el Hurto Simple por un valor de 0,5 UTM a menos de 4 UTM (12%), seguido por Lesiones Menos Graves (10%), Amenazas Simples contra personas y propiedades del artículo 296 Nº 3 del Código Penal (9%), Robo en Lugar No Habitado (6%) y Receptación del artículo 456 bis A del Código Penal (5%). Comparándolo con períodos anteriores, el estudio pudo demostrar que existió un aumento en delitos asociados al estallido social, tales como el robo en lugar no habitado, maltrato de obra a carabineros, daños simples y receptación. Fuera de todo precedente se encuentra el delito de desórdenes públicos del artículo 296 del Código Penal, que pasó de registrar 69 imputaciones en audiencias de control de detención en períodos anteriores, a 2.777 durante los meses del estallido.

 

En relación con las solicitudes de prisión preventiva, durante el estallido social se solicitaron 6.347 medidas de prisión preventiva, representando un 7% de la totalidad de los imputados a los que se les realizó audiencia de control de detención en este período. De éstas, 5.367 fueron concedidas, correspondientes al 84,6%, mientras que 980 fueron rechazadas, correspondiendo el 15,4% del total.

 

En cuanto a delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, un total de 1.549 delitos ingresaron al sistema informático de tramitación de causas penales relativos, siendo el delito imputado más frecuente el de Apremios Ilegítimos cometidos por empleados públicos del artículo 150 A del Código Penal, correspondiendo al 69% del total.

 

Junto con ello, el estudio demostró que, de los 1.549 delitos vinculados a violaciones de derechos humanos, 1.118 de ellos se llevaron a cabo en manifestaciones, durante los procesos de detención, traslados y estancia en comisarías a raíz de manifestaciones, producto del estado de emergencia y toque de queda. Del total de estos delitos, al 29 de febrero de 2020 el 10,5% de las causas se encontraban concluidas, mientras que el 89,4% de ellas se encontraban todavía en tramitación, lo cual refleja el bajo porcentaje de causas que terminaron por salidas alternativas u otros mecanismos de que dispone el Ministerio Público.

 

En relación con los amparos constitucionales ingresados a las Cortes de Apelaciones, fueron presentados un total de 392 acciones, de las cuales fueron admitidas a trámite el 79,3%, siendo los principales recurridos las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con un 42,9% del total, mientras que las Fuerzas Armadas representan un 39,5%.  En cuanto a la resolución de estas acciones que fueron admitidas para su tramitación, al 31 de enero de 2020 se encontraban concluidas 267 causas, dentro de las cuales un 71,9% fueron rechazadas y un 13,1% fueron acogidas por la Corte de Apelaciones respectiva. En tanto, un 5,2% de los recursos fue desistido y un 3,7% se declaró la incompetencia.

 

Entre las conclusiones del estudio, se destaca que los delitos asociados a violaciones de Derechos Humanos imputados en las causas ingresadas durante el período estudiado y el mismo período un año antes, observaron un aumento de 1.000%, siendo la imputación más frecuente los apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos. Además, respecto de estos delitos, se identificó que Carabineros de Chile fue la institución con mayor cantidad de denunciados o querellados, siendo el 92,9% del total de los delitos.

 

Además, en cuanto a amparos legales presentados ante Juzgados de Garantía, se duplicaron en relación a octubre de 2018, siendo acogidos el 84% de todos ellos. Por otro lado, los amparos constitucionales observaron un alto porcentaje en contra de instituciones del Estado, siendo su mayoría admitidos a trámite, pero finalmente rechazados por las Cortes de Apelaciones.

 

Revisa el texto completo en el siguiente enlace:

 

Estudio DECS